Fundamentación de la Ley




Para poder iniciar los fundamentos es ineludible poner de manifiesto claramente qué es un Archivo, definir sus contenidos y sus valores intrínsecos, lo cual por sí mismo, justificaría plenamente la necesidad de organización y sistematización, aunque hay mucho más para decir.

Los Archivos y sus documentos, sea cual fuere su origen, constituyen la memoria activa de las instituciones. Son un coproducto de las mismas. En ellos están reflejadas sus actividades, sus funciones y jurídicamente hablando son el soporte de garantías, derechos y obligaciones.

A su vez, el contenido documental genera niveles informativos que nos narran rotundamente su historia, sus vicisitudes y su desarrollo. En honor a la brevedad podemos decir que los archivos y sus documentos conforman un sostén institucional en los aspectos legales, administrativos, informativos y potencialmente Patrimoniales. Los archivos pertenecen al régimen administrativo, mirándolo desde la óptica de la Teoría de los Sistemas, por lo que, el o los archivos constituyen la herramienta del sistema administrativo para la correcta gestión de los documentos que se producen.

Argentina, ha quedado rezagada en cuestiones archivísticas en el concierto de América Latina y el mundo… esto podría no ser relevante si la realidad indicara que aún así las cosas están bien, pero… repasemos los archivos argentinos hoy:

1) Existe una desvalorización de los archivos como parte vital de la administración

2) No hay inversión en “papeles viejos”

3) Castigados y rebeldes constituyen la mano de obra clásica de un archivo

4) Ediliciamente, el 90 % de los archivos tienen carencias, ya sea en espacio, en normas de seguridad, en tecnologías, en instalaciones, etc.

5) Carencia de pautas técnicas seguras para su ordenación, descripción, resguardo, tablas de retención y eliminación, etc.

6) Encontramos documentos de archivos en pasillos, vanos de escaleras, azoteas, en oficinas abarrotadas, en contenedores, en galpones, en sótanos junto a calderas, etc.

7) Archivos desordenados e inaccesibles

8) Archivos ineficientes

9) Archivos inexistentes

10) Archivos quemados, inundados, diseminados, perdidos… etc.

Estas 10 realidades son algunas, solo algunas de las cosas que encontramos los profesionales hoy. Y se resumen en un estado de negligencia y desvalorización total sobre los archivos y documentos. Existe una tendencia general a la implementación de normas, como las ISO 9000, las ISO 15489, ISAD G, recomendaciones de Congresos, etc. que evidentemente no se están cumpliendo.

Estas inquietudes tienen tradición, no es este el primer proyecto presentado en virtud de proteger los archivos y el patrimonio documental, hemos contado 5 proyectos desde el año 1995 en adelante, y son sólo a los que hemos tenido acceso. Curiosamente, todos pasados a “Archivo”.

Para comenzar, en 1821 Bernardino Rivadavia creaba por decreto el Archivo General de la Nación (AGN) con el fin de “legitimar el poder estatal y preservar la memoria nacional”. En ese entonces éramos pioneros. Después sobrevino cierta apatía. Aunque con dificultades nuestro querido AGN sigue funcionando.

Ya en 1961, se procuró al menos una ley que regulara el AGN, la 15.930, actualmente en vigencia, persiguiendo el afán de no perder nuestra historia, nuestra memoria colectiva. Dicha ley atañe exclusivamente a la faz histórica y patrimonial de los documentos de archivo.

Permítannos citar al Dr. García Belsunce en la fundamentación de uno de los proyectos presentados en 1995, dice: “Sólo con archivos eficientes podrá la administración pública producir decisiones que sean a la vez informadas y oportunas, sin repetir dictámenes, estudios, etc., que atrasan y elevan los costos de la acción del Estado y evitan demoras que neutralizan su acción, dañan los derechos de los particulares, y de la propia administración e impiden errores nacidos de la ignorancia de los actos administrativos anteriores”.

Y continúa diciendo: “El grave deterioro de los archivos nacionales se ha debido en gran medida al concepto generalizado en los poderes públicos de asignarles poca utilidad como parte de la administración nacional, lo que se ha traducido en el progresivo atraso de nuestro país respecto a otros estados latinoamericanos. En los últimos años Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú han reorganizado sus archivos. Con encomiable esfuerzo Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y México han levantado nuevos edificios para sus archivos nacionales, mientras que en la Argentina la ley 4.433 de 1904, que ordenaba construir el edificio del Archivo General de la Nación, permanece aún incumplida”

Hoy, como ya ha reconocido el mundo globalizado, surge otra necesidad, la de regular los archivos Administrativos como única vía de conservar nuestro patrimonio documental y de hacer eficiente la gestión de los documentos activos. Los archivos no nacen con el objeto de hacer historia. Los archivos emergen de la necesidad jurídica de asentar nuestras actividades como institución, como entidad. Luego, retrospectivamente, podemos encontrar la veta informativa a nivel de investigación. Como diría el benemérito Manuel Vázquez Murillo, la faz histórica “es una feliz consecuencia”. Es por esto, que todos los antecedentes encontrados están encaminados a sistematizar la Gestión Administrativa de Documentos y por ende, los archivos.

Hoy, somos todos productores de documentos, desde nuestro nacimiento estamos originando documentos, lo cual nos hace poder vislumbrar un poco la masa documental producida por 40 millones de personas, o el sin fin de instituciones, o las organizaciones de cualquier índole. La intención no es simplemente poder “vislumbrar”, sino volver la producción de documentos un aspecto altamente calificable y cuantificable, medible y mejorable, de modo que se logre la optimización. Esto es lo que podemos hacer los archiveros en Argentina y para hacerlo, necesitamos el SINAR.

Toda esa masa documental desborda la capacidad de las administraciones de “digerirlas” sin un apropiado tratamiento. Y cuando ya no saben que hacer con ella, la solución es: tiremos, quememos, rompamos (no ha faltado quien ha “vendido”). La consigna es hacer lugar, y en el mejor de los casos “traslademos”. Todo esto sin la mínima intervención de un profesional de archivos, sin discriminar que se puede tirar y que no, sin tener conocimiento del valor de los mismos. Desaparecer absolutamente todo, por lo cual nadie sabrá que esa documentación alguna vez haya existido.

Tal vez no se trate de irresponsabilidad de los administradores, más bien parecería que el desconocimiento prima en estas decisiones. Desconocer los valores, es no darse cuenta que cada documento es único e irrepetible.

No es bueno generalizar pero, ¿quién no conoce de las insoslayables búsquedas? ¿De pérdidas de expedientes, de notas, de correspondencia?, ¿Quién no ha visto una patrulla de empleados buscando un documento por horas o por días, dándolo por perdido con el coste económico que esto conlleva? Estas razones en sí mismas fundamentarían la organización y gestión de archivos.

Asimismo, existe otra cuestión a plantear que tiene que ver con el derecho inalienable de la sociedad de acceder a la información pública. Derecho garantizado por nuestra Constitución y por Tratados Internacionales. Dice el Diputado Carlos Maestro, en su proyecto de archivos del año 2003: “Los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información, son derechos humanos… Es decir el Estado no los otorga ni los concede: los reconoce; pero tiene la obligación de garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental de los individuos, que solo admitiría limitaciones de carácter excepcional”

El derecho de acceso a la información sobrelleva a la consagración del principio de Transparencia administrativa, tan promocionada y a la vez diluida en el caos de documentos desordenados. No tener a mano la información de manera oportuna y eficaz, es como denegar este derecho.

El presente proyecto no se agota en sí mismo, la creación de la estructura de este Sistema pretende ser el puntapié inicial del progresivo desarrollo de los archivos, los documentos y la archivística en nuestro país, colocando al SINAR como órgano rector de las políticas archivísticas nacionales.

Desde el punto de vista de la estructura del SINAR, proponemos que este sea un Ente Especial del Estado, con una dirección colegiada; que no esté en la órbita de ninguno de los tres poderes debido a que, como afecta a los documentos de todos, podrían generarse conflictos de constitucionalidad. Es este el motivo de la representatividad de los integrantes naturales del sistema.

Este nuevo Ente, el SINAR, debe contar con un presupuesto propio que le permita planificar actividades y llevarlas a cabo sin dependencia económica de ninguno de los tres poderes del Estado. Asimismo, la aplicación de las pautas dictadas por el SINAR correrá por cuenta de los organismos de los que dependa cada archivo. Este tipo de vinculación económica permite que no se vea sobrecargado financieramente el SINAR, y que cada organismo pueda prever el costo de las recomendaciones dentro de sus propias partidas presupuestarias.

No obstante, y eventualmente, el SINAR podrá ser gestor de recursos económicos ante entidades nacionales e internacionales, logrando las inversiones necesarias para los archivos del sistema.

Se procura a través de el SINAR fortalecer, modernizar, tecnificar, administrar el flujo documental de la nación, fomentando redes de información, ayudando a crear sistemas provinciales y municipales subsidiarios, contribuir a la aplicación de normas de gestión de calidad, y generar una conciencia universal sobre la importancia de conservar los archivos proveyendo de pautas técnicas que satisfagan las demandas institucionales, culturales e individuales.

La consolidación del SINAR supera la visión sectorizada de los acervos archivísticos, transformando a cada institución de guarda en corresponsable de la garantía de acceso a porciones de patrimonio argentino y su preservación. Un documento producido, recopilado, guardado y no organizado es una información a la que no se tiene acceso y por lo tanto, inexistente.

Por otra parte, es intención de este proyecto crear con el SINAR, el cauce adecuado para la conservación y accesibilidad de la documentación Patrimonial, por lo que la define potencialmente, en el intento de no perder la memoria nacional y nuestra identidad como sociedad. En este punto, se piensa en archivos de origen público, y también la manera de capitalizar la información de archivos privados relevantes para la historia de nuestro país. Tal es el caso de los archivos eclesiásticos, sociedades de fomento, clubes, grandes empresas, ONGs, etc.

Hoy, a pasitos del Gran festejo del Bicentenario de nuestro nacimiento como país, debemos recordar más que nunca que los documentos contenidos en nuestros archivos han sido, son y seguirán siendo los grandes narradores de la historia. Diría Villanueva Bazán, “Es precisamente a partir de los documentos, que podemos ir entretejiendo los hilos de esa gran madeja, de ese entramado harto difícil que supone la interpretación histórica”. Y continúa: “Las fuentes documentales, en su calidad de primarias, ofrecen al investigador social una riqueza incalculable en cuestión de aportación de datos, de desarrollo del pensamiento e ideologías predominantes, así como en la relación de sucesos tanto cotidianos como trascendentes”.

El archivo y la historia, una relación simbiótica que toca los dos extremos del conocimiento. ¿Cómo dudar de la importancia del archivo para el conocimiento histórico? Cuando hacemos referencia al Bicentenario de nuestra Nación, podemos dejar en el olvido a los archivos? Podemos pensar en historia, en cultura, en identidad nacional, sin pensar en los archivos? Estas son preguntas obligadas ante un hecho histórico de tal magnitud.

Repensar en nuestros 200 años de vida, pensar en nuestros próximos 200 años futuros… es pensar en los documentos de archivos… es pensar en la ligazón indisoluble que existe entre las actividades del hombre y su necesidad legítima de asentar su desarrollo.

Estamos convencidos que conocemos nuestra vida como nación a través de los documentos de Archivos. Los libros escritos por grandes historiadores de nuestra patria han sido basados en investigaciones sobre documentos de archivos. Hoy los archivos escritos, los fotográficos, los fílmicos, los informáticos están escribiendo la historia del futuro…

…y se hace cuesta arriba pensar en el Bicentenario de la República, y en la República, sin una ley que organice y proteja estos bienes patrimoniales.

Sres. Diputados de la Nación, ha sido nuestra intención generar en vosotros una actitud abierta y reflexiva, y que, a través de la sanción del presente proyecto, nos ayuden a llevar la política de Archivos e información al siglo XXI.

Quedando a vuestra disposición para ampliar todo lo que consideren pertinente, saludamos con el mayor de los respetos